martes, 20 de marzo de 2018

PRESOS POLÍTICOS, GOLPES DE ESTADO Y PREVARICACIÓN


            Se ha especulado acerca de si son “presos políticos” los políticos catalanes presos. Las opiniones al respecto son extremas. Los sectores independentistas se acogen a esa calificación sin matiz alguno, y los que no lo son divergen en sus opiniones al respecto, llegándose incluso a afirmar que los jueces del Tribunal Supremo estarían prevaricando.

Vaya por delante que no existe una definición unificada de “preso político”. El Consejo de Europa dio una serie de cinco directrices al respecto. Según esos criterios, serían presos políticos: a) los presos por su pensamiento, conciencia, expresión, asociación o reunión con otros; b) los presos por razones políticas, sin conexión con delito alguno; c) aquellos cuya prisión se esté alargando de forma desproporcionada por el delito imputado; d) los presos por razones discriminatorias; e) presos sin un proceso justo que parezca orientado políticamente.

Todos estos criterios no son cerrados, sino profundamente interpretables. Ni que decir tiene que los partidarios de la prisión de los políticos catalanes no ven ni uno de esos criterios, mientras que los detractores más extremos los ven todos o casi todos. Cualquier opinión discrepante con cualquiera de los dos es tildada de traidora. Mal comienzo el insulto para un debate jurídico serio.

En términos objetivos, los políticos presos lo están por la imputación de gravísimos delitos, y no por su pensamiento, aunque han existido en las resoluciones dictadas algunas imprudentes y creo que inaceptables citas a la ideología de los imputados. No ha existido una persecución penal de independentistas de manera desvinculada de esos delitos, lo que descarta las opciones a, b y d. Por otra parte, se están respetando todas las garantías del proceso judicial, como puede comprobarse observando que todos los llamados como imputados han podido defenderse y respecto de varios de ellos no se ha adoptado medida cautelar alguna. Muchos de los posibles involucrados con los hechos investigados ni siquiera han sido imputados. En consecuencia, decae la opción e. Por último, la duración de la prisión tampoco puede decirse, a día de hoy, que esté siendo desproporcionada en relación con el delito investigado.

Desde esta perspectiva, por tanto, pese a que se pueden hacer interpretaciones interesadas tanto de los hechos sucedidos como de los criterios del Consejo de Europa, no estamos en un contexto de persecución política como los que todos conocemos tanto por la historia –franquismo o la Unión Soviética–, ni parece que las circunstancias actuales se asemejen a las terribles situaciones vividas en esos regímenes dictatoriales.

Lo que más daño le hace a un debate jurídico son las declaraciones altisonantes, y de esas ha habido demasiadas últimamente. Y entre ellas, una exactamente equiparable con la expresión “presos políticos” es la calificación como “golpe de Estado” de lo sucedido en Cataluña, que conduce a las imputaciones de “rebelión” o “sedición”, también desacertadas a mi juicio. No ha habido rebelión porque no hubo violencia, ni armada ni de ningún tipo, ni atisbo o probabilidad de la misma, a menos que se crea que movilizaciones eminentemente pacíficas con algún conato de desorden, jamás generalizado, estuvieran orientadas a conseguir por las bravas la independencia de Cataluña. Es posible que muchos de los manifestantes, y hasta varios políticos catalanes, pensaran que se obtiene la independencia de un territorio organizando vistosas movilizaciones masivas y aprobando normas radicalmente nulas e inconducentes, pero ello es una tremenda ingenuidad. A los hechos me remito. Como también es impropio tomar seriamente ese infantil planteamiento y pensar que se quería generar una rebelión y su consiguiente violencia con movilizaciones en las que se llamaba reiteradamente al orden y a la no violencia. Sería el primer caso en la historia de un rebelde no violento.

Y tampoco hubo sedición, porque nunca hubo un “tumulto”, como exige el Código Penal. Y es que un tumulto –consulten el diccionario– es un motín, confusión o alboroto provocado por una multitud. Y si algo caracterizó a las movilizaciones independentistas –lo reconoce el mismo juez instructor con reiteración– fue su carácter pacífico, así como –añado yo– su ejemplar organización, que alejan al observador de esa idea de alboroto, motín o confusión. No se pueden equiparar a un tumulto las tan manidas “murallas humanas” del referéndum del 1 de Octubre, que ni fueron generalizadas ni, sobre todo, produjeron altercados propios de una insurrección, que es lo necesario para entender que hubo sedición. De hecho, ni tan solo existió realmente un referendum en sentido propio, sino una movilización a la que unos y otros le han dado o no el valor de “referendum” según les ha convenido en cada momento. Ni siquiera en la movilización ante la Conselleria d’Economia hubo tal tumulto, dado que, como es sabido, la comisión judicial cumplió su cometido íntegramente, y si no salió antes del edificio fue por pura –y lógica– prudencia frente a posibles incidentes menores, y no porque una horda estuviera esperándoles para usurpar su legítima autoridad, como sería lo propio de una sedición.

            ¿Hay presos políticos? No. ¿Hubo un “golpe de Estado? No. ¿Hubo al menos sedición? Tampoco. ¿Prevarican los jueces del Tribunal Supremo? Por supuesto que no. Simplemente le atribuyen, a mi modo de ver erroneamente, una alarmante relevancia violenta o tumultuaria a hechos que, a mi juicio, no la tuvieron, aunque muchos ciudadanos sintieran internamente esa alarma, y es que una cosa son los sentimientos y otra las realidades. Un error fáctico o jurídico no es lo que exige el delito de prevaricación, sino una tergiversación de los hechos o una interpretación de las leyes poco menos que grotescas, indefendibles en cualquier caso, lo que tampoco sucede aquí. De hecho, el propio instructor expresa implícitamente –casi explícitamente– sus dudas sobre la calificación delictiva al no pedir la extradición de los políticos que han eludido la acción de la justicia española.

            Cuando las emociones dejen su espacio a las razones, es posible que se contemple de modo desapasionado el relato real de los hechos. Quizás no estemos ya tan lejos de ello. Ojalá. Por el bien de todos.

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